Por: Aldo Wilson Cortés Millán – Funcionario de la Defensoría del Pueblo
SOBRE LOS DESAFIOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES. Las personas migrantes en Bolivia enfrentan múltiples desafíos vinculados a la discriminación, la exclusión social y la vulneración de derechos fundamentales. Entre los principales obstáculos se encuentran el acceso limitado a servicios básicos como salud, educación, trabajo digno y justicia, especialmente cuando se encuentran en situación migratoria irregular. A esto se suma la exposición a actos de xenofobia, estigmatización y violencia institucional, así como la falta de mecanismos eficaces de protección frente a la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y otras formas de abuso. Estas condiciones afectan con mayor gravedad a mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas refugiadas o solicitantes de asilo.
EL FENÓMENO MIGRATORIO EN BOLIVIA. El fenómeno migratorio en Bolivia se caracteriza por su complejidad y diversidad, manifestándose en tres dimensiones principales: como país de emigración, inmigración y tránsito. Bolivia ha sido históricamente un país de salida de personas que buscan mejores condiciones de vida en países vecinos como Argentina, Brasil y Chile, impulsadas por factores de orden económico, social y laboral.
Simultáneamente, el país ha experimentado un aumento en los flujos de inmigración, especialmente en las últimas décadas, con la llegada de personas provenientes de Venezuela, Haití, Colombia y Perú, muchas veces en situación de vulnerabilidad y en busca de protección internacional o mejores oportunidades.
Además, Bolivia ocupa una posición geográfica estratégica que la convierte en un país de tránsito para migrantes que se desplazan hacia otros destinos, como Chile o Argentina, lo cual ha generado desafíos particulares en las zonas fronterizas y en la gestión humanitaria de estos flujos. Este fenómeno migratorio se da por múltiples factores de orden estructural debido a la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la violencia o la crisis política en los países de origen.
Desde un enfoque de derechos humanos, la migración no debe ser vista como un delito o amenaza, sino como una expresión legítima de la libertad de las personas para buscar una vida digna. En este marco, Bolivia reconoce en su Constitución el respeto y protección de los derechos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria.
ACCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PARA POBLACIÓN MIGRANTE. La Defensoría del Pueblo, es la Institución Nacional de Derechos Humanos del Estado Plurinacional de Bolivia y de acuerdo a mandato constitucional, es la instancia de derecho público nacional encargada de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos reconocidos por la Constitución Política del Estado, las Leyes y los Instrumentos Internacionales.
En dicho margen, desde su creación, ha realizado la atención de personas en procesos de movilidad humana, desplazadas o necesitadas de protección internacional generando orientaciones, gestiones administrativas o investigaciones ante posibles vulneraciones de derechos.
A finales de la gestión 2019, ante un incremento significativo de personas extranjeras que requerían asistencia de la Defensoría del Pueblo, se aperturó un área específica para la atención de casos de personas migrantes y de bolivianas y bolivianos en el exterior, en cumplimiento del artículo 218 del texto constitucional, concordante con el artículo 2 de la Ley 870 del Defensor del Pueblo.
Ese mismo año, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se inauguró una oficina regional en la localidad de Desaguadero, localidad fronteriza con el Perú y que tiene una alta incidencia en la atención de personas extranjeras en procesos migratorios.
En la gestión 2023, con la titularidad del Dr. Pedro Callisaya Aro como Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, se priorizó la apertura de 3 nuevas oficinas en zonas fronterizas, a saber: Pisiga, Bermejo y Villazón, cuya labor versa sobre la asistencia a población extranjera en tránsito y la población boliviana transfronteriza.
Desde la creación del Área de Movilidad Humana dependiente de la Adjuntoría para el Análisis y Defensa de los Derechos Humanos y Madre Tierra, a la fecha destacan las siguientes actividades desarrolladas:
Atención de casos de personas migrantes y de bolivianas bolivianos en el exterior: Desde la creación del Área de Movilidad Humana y de las Unidades Regionales de Desagüadero, Pisiga, Bermejo y Villazón, se han atendido alrededor de 6900 casos en dichas oficinas, de los cuales más del 85% se relacionan con personas migrantes y bolivianas y bolivianos en el exterior.
Dentro de las particularidades de cada caso, destacamos las gestiones que se desarrollan a nivel nacional con las diferentes Delegaciones Departamentales de la Defensoría del Pueblo y con Gobiernos Autónomos Municipales que emiten informes sociales que posibilitan la repatriación de personas bolivianas con fines de reunificación familiar, principalmente que retornan de Argentina y de Chile.
Compartimos un caso emblemático de una ciudadana brasilera que carecía de documentos de identidad de su país y se encontraba irregular en Bolivia durante 40 años, a efectos de documentarla y habilitarla para la obtención de una permanencia en Bolivia, la Defensoría del Pueblo realizó un trabajo que implicó la participación de la Embajada de Brasil en Bolivia, la Defensoría Pública de la Unión de Brasil, OIM, Munasim Kullakita, la Adjuntoría para el Análisis y Defensa de los Derechos Humanos y Madre Tierra, la Adjuntoría para la Protección de Derechos Humanos Generacionales, Género y Diversidades, Delegaciones Departamentales de Santa Cruz y Cochabamba y la Unidad Regional de Puerto Suarez, haciendo posible su traslado a Brasil para la emisión de su carnet brasilero y posterior permanencia temporal de 2 años en Bolivia.
Articulación interinstitucional: Cabe destacar que la Defensoría del Pueblo ha implementado un Plan de Fronteras, el cual tiene por objeto optimizar la atención de personas migrantes y bolivianas y bolivianos en zonas de frontera, con el fin de que, dichas personas no sean vulneradas en sus derechos por el alto nivel de riesgo en el que se encuentran, principalmente aquellas que pertenecen a grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes, niñez no acompañada, mujeres, población LGTBIQ+ y otros.
En dicho marco, se realizan constantes capacitaciones al personal de la Defensoría del Pueblo y de otras instancias públicas en frontera, a través de especialistas nacionales e internacionales, para la prevención y sensibilización sobre temas de movilidad humana, protección internacional, normativa migratoria, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, atención consular de bolivianas y bolivianos y DDHH y desarrollo de conversatorios y/o talleres y/o mesas de trabajo.
Desarrollo de eventos y posicionamiento internacional: La Defensoría del Pueblo, bajo una mirada de tener presencia iberoamericana y como partícipe activo del Grupo de Trabajo sobre Movilidad Humana y Trata y Tráfico de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson (FIO), el año 2023, ha sido sede de la V Cumbre de Movilidad Humana y Derechos Humanos, que se llevó a cabo en la ciudad de Cochabamba, acogiendo a representantes de 17 Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, representantes nacionales y regionales de OIM, ACNUR y UNICEF y expositores internacionales especializados en materia de migración y protección internacional. En dicha cumbre, que marcó un hito en Bolivia en la defensa de derechos humanos de personas en situación de movilidad humana, se exhortó a los Estados a favorecer la coordinación, articulación y diseño de herramientas que favorezcan el pleno ejercicio de derechos de la población migrante y necesidad de protección internacional.
Actualmente el Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, Dr. Pedro Callisaya Aro, ha sido nombrado como Secretario General de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano – RINDHCA, que es la cuota americana ante la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, liderizando y participando de una serie de actividades en materia de protección de derechos de personas migrantes y necesitadas de protección internacional.
Propuestas normativas: En lo referente a incidencia en políticas públicas y presentación de propuestas normativas, la Defensoría del Pueblo, entre otros temas de relevancia, destaca lo siguiente:
- Se trabajó con la DIGEMIG para la emisión de la Resolución Administrativa 148/2020 que posibilitó la regularización migratoria de familias venezolanas con documentación simplificada.
- Se trabajó conjuntamente con la DIGEMIG en la propuesta normativa para la aprobación del Decreto Supremo Nº 4576 de regularización migratoria. Este decreto benefició y permitió la regularización migratoria excepcional de personas extranjeras que se encontraban en situación irregular en territorio boliviano.
- Se presentó a la CONARE una propuesta de Ley de Apatridia, la cual aún se encuentra en análisis.
- Se presentó al Ministerio de Gobierno, Migración y Policía, una propuesta de protocolo para la atención de niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados de su familia en fronteras, trabajado conjuntamente con UNICEF.
- Se presentó al Ministerio de Salud una propuesta interpretativa de resolución Ministerial para la adscripción al SUS de población migrante irregular perteneciente a grupos vulnerables (NNA menores de 5 años de edad, mujeres en estado de gestación, personas adultas mayores, personas discapacitadas, entre otras).
Conclusiones: Las acciones desarrolladas por la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia en el ámbito de la movilidad humana, reflejan una estrategia integral de atención, protección e incidencia para la defensa de los derechos de personas migrantes. Estas iniciativas no sólo han visibilizado las múltiples vulnerabilidades que enfrenta esta población, sino que también han promovido respuestas concretas, articuladas y sostenibles, tanto a nivel nacional como regional.
Finalmente, el enfoque defensorial ha permitido abordar la movilidad desde una perspectiva integral, reafirmando el rol de la Defensoría del Pueblo como garante de los derechos de las poblaciones vulnerables. Ante los desafíos actuales y futuros, se hace necesario consolidar estas acciones, ampliar las alianzas estratégicas y seguir promoviendo una respuesta estatal que reconozca la dignidad y derechos de migrantes en situación de movilidad. (Clic aquí para descargar el informe en PDF)
